La Procuración General de la Nación emitió un dictamen que fortalece la posición del Gobierno Nacional en la disputa con los municipios -como el caso de San Nicolás– por el cobro de tasas locales a través de las facturas de servicios públicos.
En dos pronunciamientos elevados a la Corte Suprema de Justicia, recomendó rechazar las demandas presentadas por las municipalidades de Río Grande y José C. Paz, al considerar que la prohibición de incluir tributos municipales en las boletas de luz, gas y otros servicios no vulnera la autonomía de las comunas.
El eje de la discusión es la Resolución N° 267/2024 de la entonces Secretaría de Industria y Comercio, que estableció que las facturas emitidas por prestadores de servicios deben contener exclusivamente conceptos vinculados al servicio contratado, impidiendo la incorporación de sumas ajenas, como tasas municipales.
Para la Procuración, la medida no cuestiona la legalidad de esos tributos, sino únicamente el mecanismo elegido para su percepción. En ese sentido, sostuvo que los municipios conservan intacta su potestad tributaria y pueden utilizar otros instrumentos para recaudar esos recursos.
El dictamen también destacó que la resolución se enmarca en las facultades otorgadas por la Ley de Defensa del Consumidor y en la protección de los derechos de los usuarios prevista en el Artículo N° 42 de la Constitución Nacional.
Según el organismo, evitar la inclusión de conceptos ajenos en las facturas contribuye a brindar mayor transparencia y reduce la posibilidad de confusión respecto del costo real de los servicios.
En el caso de José C. Paz, además, la Procuración recordó que el servicio de distribución eléctrica prestado por Edenor está sujeto a regulación federal y que la Ley N° 24.065, modificada por el Decreto N° 450/2025, dispone expresamente que las facturas no podrán incluir tributos locales ni cargos ajenos a los bienes o servicios facturados.
Si bien los dictámenes no son vinculantes, suelen ser considerados una referencia de peso para las decisiones de la Corte Suprema. De confirmarse ese criterio, el máximo tribunal convalidaría la facultad del Gobierno Nacional para impedir el cobro de tasas municipales mediante las boletas de servicios públicos.
El tributarista César Litvin explicó que el pronunciamiento “no considera que esas tasas sean inconstitucionales, sino que analiza únicamente la procedencia del sistema utilizado para percibirlas”, diferenciando el tributo en sí del mecanismo de recaudación.
Un debate con impacto político en la Provincia
El respaldo de la Procuración se produce mientras La Libertad Avanza impulsa una estrategia política para avanzar sobre la presión tributaria municipal en la Provincia de Buenos Aires.
En ese marco, el diputado nacional y presidente de La Libertad Avanza bonaerense, Sebastián Pareja, encabezó en marzo una reunión en San Nicolás junto a referentes de la Segunda Sección Electoral, donde uno de los principales ejes fue la reducción o eliminación de tasas municipales en los distritos de la provincia.
Durante ese encuentro, Pareja sostuvo que “el Estado a nivel local no puede seguir castigando a los vecinos cobrándoles cada vez más tasas por falta de ideas de gestión o gastos innecesarios”.
Acompañado por el concejal de la Alianza La Libertad Avanza, Federico Chouhy, agregó que, aunque reconocen las dificultades financieras que atraviesan muchos municipios, “el esfuerzo también lo haga la clase política y no siempre los pocos contribuyentes que pagan”.
De esta manera, el dictamen de la Procuración no solo representa un avance jurídico para la estrategia del Gobierno Nacional, sino que también fortalece un debate que La Libertad Avanza busca instalar en los municipios bonaerenses: el de revisar el esquema de tasas locales y aliviar la carga tributaria que, sostienen, termina incrementando el costo que afrontan los vecinos.
