La polémica clausura impuesta por la Municipalidad de San Nicolás a la empresa MoviPort S.A. agravó el escenario de máxima tensión luego de que el Juzgado Contencioso Administrativo del Departamento Judicial San Nicolás, a cargo de María Isabel Fulgheri, se declaró incompetente para resolver la medida cautelar presentada por la empresa.
De este modo, el expediente regresa al ámbito administrativo municipal, donde el Juzgado de Convivencia y Faltas deberá expedirse en primera instancia sobre la continuidad o el eventual levantamiento de la inhabilitación, sin perjuicio de las revisiones judiciales que pudieran corresponder posteriormente.
Vale aclarar que el denominado Juzgado de Convivencia y Faltas no integra el Poder Judicial bonaerense, sino que es un órgano administrativo de la propia Municipalidad encargado de resolver las infracciones y sanciones en una instancia previa. Recién una vez agotada esa vía administrativa, sus decisiones pueden ser revisadas por la Justicia Correccional de la Provincia. En otras palabras, antes de que intervenga un juez del Poder Judicial, la continuidad o el levantamiento de la clausura queda en manos de un organismo que forma parte de la estructura del propio Municipio.
La clausura fue ejecutada el pasado viernes 3 de julio en medio de un importante despliegue de recursos policiales y municipales.
Durante el procedimiento nunca fue exhibida el acta formal correspondiente y las observaciones planteadas por representantes del Municipio están vinculadas a aspectos reglamentarios que ya se encontraban regularizados y debidamente documentados.
MoviPort S.A. sostiene que la medida carece de fundamentos objetivos y responde a una decisión de carácter político. En ese sentido, la firma considera que se trata de un nuevo episodio de tensión entre el Municipio y el sector privado, en una ciudad donde desde hace años se vienen planteando cuestionamientos respecto del ejercicio de las facultades administrativas.
Más allá de la discusión jurídica y política, el impacto de la clausura se trasladó al plano social y económico.
Ante la imposibilidad de desarrollar su actividad con normalidad, la empresa se vio obligada a iniciar un proceso de suspensión de personal, situación que genera una progresiva preocupación entre los trabajadores y sus familias.
La firma emplea de manera directa a unas 250 personas, mientras que otras 150 dependen indirectamente de su operatoria mediante tareas vinculadas al transporte, contratistas, proveedores y diversos servicios relacionados con la actividad portuaria y logística de la región.
En un contexto económico complejo, la eventual paralización prolongada de MoviPort amenaza con afectar a cerca de 400 familias, profundizando las consecuencias de una medida que desde distintos ámbitos es considerada desproporcionada y arbitraria.
Cabe destacar que la declaración de incompetencia del Juzgado Contencioso Administrativo no implica un pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión planteada por la empresa, sino únicamente sobre la vía procesal intentada.
Asimismo, las resoluciones que eventualmente adopte el Juzgado de Convivencia y Faltas podrán ser revisadas por las instancias judiciales competentes mediante los recursos previstos por la legislación vigente.
El caso reabre así el debate sobre los alcances del poder de policía municipal, la necesidad de garantizar seguridad jurídica a quienes invierten y generan empleo y, especialmente, sobre el impacto que las decisiones administrativas pueden tener sobre cientos de trabajadores en un contexto de marcada fragilidad económica.
