La concejal Mariana Aseff rechazó el proyecto de ordenanza que establece un nuevo régimen de conservación, manejo, ordenamiento y uso del Eco Parque San Nicolás. Durante la sesión, cuestionó que una iniciativa de casi 500 páginas, destinada a regular un área ambiental de enorme importancia para la ciudad, llegara al recinto sin haber sido suficientemente discutida ni explicada.
“El 13 de agosto se dio despacho a este expediente y nada fue estudiado ni analizado. Desde el oficialismo se planteó que había que sacarlo con o sin la comisión. No hubo discusión ni análisis”, señaló Aseff.
“No se trata de votar a favor o en contra de las playas. Se trata de saber qué estamos aprobando, cuáles serán sus consecuencias y qué garantías existen para proteger un ambiente que ya fue intervenido”, afirmó.
La concejal sostuvo que los bloques opositores no tuvieron la posibilidad de recibir explicaciones de los funcionarios, técnicos y entidades que participaron en la elaboración del proyecto. También planteó interrogantes sobre los estudios ambientales incorporados, la intervención de especialistas en humedales, las obras realizadas previamente y la manera en que fueron consideradas las casi 5000 opiniones recibidas durante el procedimiento participativo que figura en el proyecto.
Aseff recordó que el conflicto se originó después de que el Municipio realizara movimientos de suelo y construyera un terraplén sin contar con los permisos correspondientes. En ese sentido, advirtió que la nueva ordenanza no explica suficientemente cómo se evitarán nuevos daños ni cuál será el plan de acción ante futuras inundaciones.
Durante el debate, Aseff aclaró además que la aprobación de una ordenanza municipal no puede levantar por sí misma la medida cautelar vigente, ya que esa decisión corresponde al Poder Judicial.
“Creo que ninguno de nosotros tiene mala voluntad ni se niega a trabajar. Al contrario: queremos trabajar y hacerlo en profundidad, hasta alcanzar un acuerdo consciente sobre un tema tan importante para San Nicolás”, manifestó.
Aseff remarcó que su rechazo no implica oponerse al acceso de los vecinos al río y a las playas, sino exigir que cualquier decisión garantice la protección ambiental, determine con precisión las responsabilidades y evite repetir los errores que dieron origen al conflicto judicial.
