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Piden juzgar a un dirigente social por 26 extorsiones

La Fiscalía Federal de San Nicolás solicitó llevar a juicio a Roque Frangolini, referente de Libres del Sur. Testimonios y movimientos bancarios sostienen la acusación

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El fiscal federal Matías Felipe Di Lello solicitó la elevación a juicio oral de la causa contra Néstor Roque Frangolini, de 62 años, referente de Libres del Sur en San Nicolás, acusado de haber extorsionado a 26 beneficiarios del programa Potenciar Trabajo. La investigación apunta a presuntas exigencias de dinero y participación en actividades de la organización, bajo amenazas de perder la asistencia económica estatal.

La presentación fue realizada el 4 de noviembre ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N.º 2 de San Nicolás, a cargo del juez Carlos Villafuerte Ruzo. Para el Ministerio Público Fiscal, las pruebas reunidas durante la instrucción permiten avanzar hacia el debate oral, donde deberá establecerse la responsabilidad penal del imputado.

Los hechos investigados se habrían producido entre el 11 de abril de 2023 y el 9 de enero de 2024. Según la acusación, Frangolini habría aprovechado su posición dentro de la organización para exigir aportes económicos a personas que recibían el programa social, mediante advertencias sobre una eventual suspensión del beneficio.

La imputación comprende 26 hechos de extorsión en concurso real, conforme al artículo 168 del Código Penal. El dirigente fue procesado en mayo de 2025, mediante una resolución que quedó firme, aunque hasta el momento no existe una sentencia condenatoria.

La reconstrucción fiscal señala que los titulares de Potenciar Trabajo debían entregar parte de sus ingresos bajo conceptos presentados como colaboraciones o contribuciones destinadas a Libres del Sur.

Sin embargo, para los investigadores, esas entregas no habrían sido voluntarias. La acusación sostiene que estaban acompañadas por amenazas relacionadas con la continuidad del programa, del que dependían económicamente numerosos beneficiarios.

También se investigaron presuntas presiones para participar en marchas, movilizaciones y otras actividades convocadas por la agrupación. De acuerdo con los testimonios incorporados al expediente, quienes se negaban a asistir o a entregar dinero recibían advertencias sobre posibles consecuencias para su permanencia en el plan.

Al fundamentar el requerimiento, Di Lello sostuvo que “existen elementos de convicción suficientes para requerir la elevación a juicio”.

El fiscal consideró que las declaraciones de los beneficiarios, la documentación obtenida y los informes periciales permiten sostener la hipótesis acusatoria y someterla al examen de un tribunal.
Uno de los elementos centrales del expediente es el análisis de las operaciones financieras vinculadas con el acusado.

Según la investigación, Frangolini habría recibido dinero mediante transferencias a una cuenta bancaria personal y entregas en efectivo realizadas en reuniones o dependencias de la organización.

Los peritajes identificaron movimientos periódicos provenientes de distintas personas, por importes que oscilaron entre $1.000 y $34.000.

En enero de 2024, la cuenta examinada registró 110 transferencias y un saldo a favor cercano a $1.100.000. La Fiscalía incorporó esos datos al expediente y los relacionó con las declaraciones de beneficiarios que afirmaron haber realizado pagos por temor a perder la asistencia estatal.

En su presentación, Di Lello sostuvo que el imputado “vulneró la libertad de cada una de las 26 personas” y afirmó que “se vislumbra en su accionar la finalidad patrimonial perseguida”.

Para el Ministerio Público Fiscal, las operaciones bancarias y las entregas de efectivo constituyen elementos relevantes para reconstruir el mecanismo de recaudación atribuido al dirigente.

La situación económica de los presuntos damnificados ocupa un lugar importante en la argumentación fiscal. De acuerdo con el requerimiento, las personas involucradas necesitaban los ingresos de Potenciar Trabajo para afrontar gastos de subsistencia, circunstancia que habría incrementado su vulnerabilidad frente a las amenazas denunciadas.

El fiscal señaló que las intimidaciones provocaban “temor de perder el ingreso con el que cada uno de los beneficiarios sustentaba su hogar”.

Bajo esa hipótesis, las transferencias y entregas de dinero no habrían sido el resultado de decisiones libres, sino de presiones destinadas a obtener una ventaja económica.

Al evaluar la conducta investigada, Di Lello también expresó que “no se advierten elementos que permitan considerar la presencia de alguna causal de exclusión de la culpabilidad”.

La investigación se inició en enero de 2024, después de que una publicación periodística expusiera presuntas irregularidades vinculadas con el programa Potenciar Trabajo en San Nicolás.

A partir de esa información intervino la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (UFISES), encabezada por el fiscal federal Guillermo Marijuan.

Las primeras actuaciones buscaron determinar si existían exigencias económicas indebidas a beneficiarios de programas sociales.

Posteriormente, por cuestiones de competencia territorial, el expediente quedó bajo la responsabilidad de la Sede Fiscal Descentralizada San Nicolás, a cargo de Matías Felipe Di Lello.

Durante la instrucción se recibieron declaraciones testimoniales, se analizaron registros bancarios y se incorporó documentación relacionada con los pagos investigados. Ese material permitió avanzar con el procesamiento del acusado en mayo de 2025.

Con la etapa investigativa concluida, la Fiscalía considera que corresponde llevar el caso a juicio oral.

El pedido deberá ser evaluado por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N.º 2 de San Nicolás. La solicitud de elevación a juicio no implica una condena: Frangolini conserva su presunción de inocencia y podrá ejercer su defensa en las instancias judiciales correspondientes.

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