La jueza federal de Garantías de Bahía Blanca, María Gabriela Marrón, dictó la prisión preventiva por 180 días para los cinco hombres acusados de integrar una organización que habría intentado introducir 499 kilos de cocaína en buques de gran porte que navegaban por la Hidrovía con destino internacional.
La resolución alcanzó a los imputados identificados oficialmente por sus iniciales como S.D.S., D.A.L., A.G.S., J.E.A. y J.A.M., detenidos entre el 8 y el 9 de agosto durante el operativo desarrollado en el río Paraná y los allanamientos realizados posteriormente. La medida se extenderá hasta el 7 de febrero de 2027.
Durante la audiencia de formalización, el titular y la fiscal coadyuvante de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), Diego Iglesias y Patricia Cisnero, acusaron a los cinco hombres de integrar una organización dedicada al tráfico internacional de estupefacientes. Fueron imputados como coautores de contrabando de exportación triplemente agravado y tráfico de estupefacientes en las modalidades de transporte y almacenamiento, agravado por la intervención de tres o más personas.
La investigación había comenzado el 2 de enero, cuando guardavidas que entrenaban en inmediaciones del Camping Americano, dentro de la Reserva Natural Pehuén Co-Monte Hermoso, encontraron un bolso estanco con aproximadamente 35 kilos de cocaína, cuya pureza superaba el 70%. A partir de ese hallazgo, la Fiscalía comenzó a reconstruir una presunta estructura destinada a trasladar droga mediante embarcaciones menores para luego introducirla clandestinamente en buques de gran porte.
La modalidad investigada es conocida como “rip-off” o “contaminación de carga”. Según explicó Cisnero, consiste en aproximar una embarcación pequeña a un buque y transferir la droga mediante un sistema de izado, con la eventual colaboración de algún integrante de la tripulación. Los cargamentos son colocados en bolsos estancos para protegerlos del agua.
Las escuchas, seguimientos y registros de geolocalización permitieron detectar durante las últimas semanas movimientos que, para los investigadores, indicaban la preparación de una nueva operación. El 7 de agosto fueron registrados desplazamientos entre Ramallo y diferentes sectores de la costa del Paraná, además de una camioneta Ford Ranger que trasladaba en un tráiler la embarcación semirrígida “Gran Brack”.
La maniobra fue interrumpida el 8 de agosto, alrededor de las 22.30, cuando la embarcación fue interceptada en el kilómetro 351 del río Paraná, margen izquierda, en jurisdicción de San Nicolás. A bordo estaban J.E.A., D.A.L., A.G.S. y J.A.M., junto con siete bolsos estancos que contenían aproximadamente 232 kilos de cocaína. También fueron secuestrados teléfonos celulares, un equipo satelital, dinero y elementos que presuntamente podían utilizarse para izar los bolsos hacia un buque de mayor porte.
A partir de ese procedimiento, la Justicia autorizó cinco allanamientos para el 9 de agosto. En el garaje de un domicilio de Ramallo vinculado con J.E.A. fueron encontrados otros ocho bolsos estancos con aproximadamente 267 kilos de cocaína. De esa manera, el cargamento total secuestrado alcanzó los 499 kilos.
Los restantes procedimientos se realizaron en una cabaña del complejo “Recreo de Cabañas Costa de Ramallo”, en un inmueble de calle Buenos Aires, Ramallo, en la vivienda de D.A.L. en La Reja, partido de Moreno, y en el domicilio de A.G.S. en Bernal Oeste. Allí fueron incautados dispositivos electrónicos, documentación, equipos de navegación y localización, un GPS, un visor nocturno, un motor eléctrico y otros elementos considerados de interés.
Durante la audiencia, Iglesias calificó al grupo investigado como una “verdadera organización narcocriminal” y destacó la logística y los recursos económicos que habría tenido a disposición. El fiscal estimó que la cocaína representaría no menos de 2,5 millones de dólares en una zona portuaria bonaerense y que su valor podría alcanzar al menos 16 millones de dólares en Europa.
Al disponer las prisiones preventivas, Marrón consideró que existían riesgos de fuga y entorpecimiento de la investigación y señaló que todavía restan peritajes sobre los dispositivos electrónicos secuestrados y otras medidas destinadas a determinar los roles de los acusados y establecer si existen más integrantes de la presunta organización.
Además de mantener detenidos a los cinco imputados durante 180 días, la jueza ratificó los secuestros de vehículos y embarcaciones, autorizó peritajes sobre los dispositivos incautados y dispuso la inhibición general de bienes de los acusados.
