Nuestra ciudad y la región atraviesa una preocupante escalada del delito que inquieta tanto a los vecinos como a las autoridades. En el centro de esta situación se encuentra Sandra Bicetti, quien ocupa de forma interina la jefatura de la Fiscalía General del Departamento Judicial San Nicolás. Su figura, lejos de consolidarse, se convirtió en eje de controversias que han puesto en pausa su eventual designación como fiscal general definitiva.
Bicetti asumió el rol de fiscal general interina en un contexto marcado por el aumento sostenido de hechos delictivos, especialmente vinculados al narcotráfico, la violencia urbana y los delitos contra la propiedad. Bajo su gestión, diversas fuentes señalan una preocupante parálisis institucional, falta de conducción estratégica en el Ministerio Público y una creciente desconfianza entre los actores del sistema judicial nicoleño.
A estos cuestionamientos de gestión se suman observaciones de peso dentro del propio Poder Judicial bonaerense. La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, en los últimos meses, recibió informes críticos sobre la falta de articulación de Bicetti con las fiscalías temáticas, la escasa presencia en territorio y su bajo perfil ante situaciones de crisis, lo que ha generado malestar entre operadores judiciales y referentes políticos de San Nicolás.
En este marco, la postulación de Bicetti para ocupar el cargo de forma permanente fue frenada. Según fuentes ligadas al Ministerio Público, la decisión no fue casual: el Procurador General de la Suprema Corte de la Provincia, Julio Marcelo Conte Grand consideró prudente no avanzar con su designación definitiva hasta tanto no se clarifiquen los informes de desempeño y se evalúen otras alternativas para conducir el Departamento Judicial.
Ayer, la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires aprobó 131 pliegos enviados por el Poder Ejecutivo para designar jueces, fiscales, defensores y camaristas en distintos departamentos judiciales del territorio bonaerense, en el marco de una sesión ordinaria celebrada en el recinto del palacio legislativo.
Los expedientes, que habían sido analizados en diciembre por la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, contemplan la cobertura de cargos en fueros civiles, penales, laborales, de familia y contencioso administrativos, con el objetivo de agilizar el funcionamiento del sistema judicial y reducir los niveles de vacancia.
Otra vez no fue el turno de elevar el pliego del fiscal general del Departamento Judicial San Nicolás. El impacto de esta indefinición es doble. Por un lado, la falta de liderazgo claro en la Fiscalía General -que lleva 7 años de un débil y cuestionado interinato- debilita la capacidad de respuesta institucional ante el avance del delito. Por otro, el mensaje político que se envía a la comunidad es ambiguo: mientras se habla de reforzar la seguridad, se sostiene en funciones a una conducción interina con serias objeciones.
Vecinos organizados, referentes de la sociedad civil y hasta algunos intendentes de la región comenzaron a pedir públicamente una renovación profunda en la conducción del Ministerio Público Fiscal en San Nicolás porque consideran que la gravedad del momento exige un perfil proactivo, con compromiso territorial, liderazgo operativo y vocación de transformación institucional.
Con la inseguridad en aumento y la Justicia bajo la lupa, el caso de Sandra Bicetti simboliza mucho más que una disputa burocrática: representa el dilema de una ciudad que exige respuestas urgentes, en un sistema que parece todavía anclado en la inercia.
