La tercera jornada del juicio contra Maximiliano Cabaleyro dejó planteada una de las discusiones centrales que deberá resolver el Tribunal Oral en lo Criminal N.° 2 de San Nicolás: qué vinculación tuvo el dirigente camionero con las presuntas exigencias económicas denunciadas por los propietarios de Rey Distribución y hasta dónde los hechos investigados estuvieron relacionados con un conflicto laboral.
El debate de este miércoles estuvo atravesado por la declaración de Ariel Rey, copropietario de la distribuidora de San Pedro y actual concejal de esa ciudad. Permaneció más de seis horas frente al tribunal y reconstruyó, desde su perspectiva, la relación que la firma mantuvo con representantes del Sindicato de Camioneros antes y durante el conflicto que desembocó en el bloqueo de la planta en 2021.
Una parte importante de su testimonio retrocedió hasta 2017. Rey aseguró que desde entonces la empresa habría realizado pagos mensuales a pedido de Fernando Espíndola, dirigente gremial que también está involucrado en la causa pero que no participa de este juicio porque optó por un juicio abreviado.
Según sostuvo el empresario, Espíndola se presentaba como quien recaudaba el dinero y vinculaba esos requerimientos con Cabaleyro.
La afirmación abrió uno de los principales contrapuntos de la audiencia. Mientras la acusación busca establecer la existencia de un mecanismo de presión económica relacionado con la organización gremial, los defensores remarcaron mediante sus preguntas que, de acuerdo con lo declarado, Cabaleyro no habría formulado personalmente esos pedidos de dinero.
Ese punto adquiere relevancia porque el exconcejal peronista y referente camionero está siendo juzgado por turbación de la posesión, coacción y extorsión, delitos por los cuales el tribunal deberá determinar no solamente qué ocurrió, sino cuál fue concretamente su intervención en cada uno de los episodios atribuidos.
El conflicto laboral volvió al centro de la discusión
La estrategia defensiva también llevó el interrogatorio hacia las condiciones en las que trabajaban los empleados de Rey Distribución antes de que el enfrentamiento escalara.
Los abogados preguntaron sobre deficiencias edilicias, incumplimientos y otras irregularidades atribuidas a la empresa, buscando situar las medidas gremiales dentro de un reclamo laboral previo.
No es un aspecto menor dentro del expediente. Una pericia contable incorporada al proceso detectó diferencias salariales, problemas en las categorías asignadas a determinados trabajadores, horas extras registradas mediante conceptos no remunerativos y omisiones de adicionales correspondientes a tareas nocturnas y trabajo en frío.
La existencia de esas irregularidades y la eventual comisión de los delitos investigados constituyen, sin embargo, cuestiones diferentes. El tribunal deberá determinar si detrás de las protestas existían reclamos laborales concretos y, al mismo tiempo, si las acciones desplegadas para sostenerlos excedieron los límites de una medida sindical y derivaron en conductas penalmente reprochables.
De $12,5 millones a más de $370 millones
Otro capítulo de las seis horas de declaración estuvo dedicado al impacto que tuvo el bloqueo sobre la actividad comercial.
La planta de Rey Distribución, en San Pedro, permaneció bloqueada durante cinco días en febrero de 2021. Ariel Rey recordó que las pérdidas fueron calculadas entonces en alrededor de $12,5 millones y aseguró que, actualizadas mediante índices del INDEC, actualmente superarían los $370 millones. Se trata de una estimación formulada por el propio empresario durante su declaración.
El cálculo se sumó a lo expuesto en una audiencia anterior por la contadora de la firma, quien había estimado el perjuicio del bloqueo en aproximadamente $13,5 millones a valores de 2021.
Más allá del aspecto económico, Rey habló ante el juez Alejandro López del temor que, según aseguró, atravesó su familia durante aquellos días y ratificó la interpretación que viene sosteniendo desde el comienzo de la causa: que lo ocurrido no fue únicamente una protesta sindical, sino un accionar que incluyó presiones y exigencias.
Una diferencia sobre la “caja de Chocolino”
La audiencia no terminó con Rey. Otros dos testimonios aportaron nuevas miradas sobre aquellos días.
Una comerciante ubicada cerca de la distribuidora describió cómo repercutió el bloqueo en su actividad y recordó el humo producido por la quema de neumáticos. También mencionó un fuerte estruendo que, según expresó ante el tribunal, le pareció “como de una bomba”.
Luego fue el turno de la esposa de Ariel Rey, quien declaró sobre el conflicto y se refirió a uno de los episodios que integra la prueba: una entrega de dinero realizada dentro de una caja de Chocolino.
Durante el interrogatorio apareció una diferencia con su primera declaración judicial. En aquella oportunidad había hablado de dinero exigido como “aportes”, sin precisar su naturaleza, mientras que ahora calificó esa entrega como el pago de “coimas”.
Los defensores hicieron foco en esa modificación para cuestionar el alcance de su testimonio y discutir qué representaba efectivamente aquel dinero. Será otro de los elementos que deberán ser confrontados con el resto de las pruebas antes de que el tribunal pueda extraer una conclusión.
Cabaleyro y Espíndola, dos caminos judiciales distintos
Aunque ambos fueron detenidos en el marco de la misma investigación, la situación procesal de los dos dirigentes tomó caminos diferentes.
Cabaleyro continúa sometido al juicio oral y actualmente cumple arresto domiciliario con monitoreo electrónico. Está bajo una medida de coerción desde 2022.
Espíndola, en cambio, optó a comienzos de septiembre por un juicio abreviado. El acuerdo alcanzado con la Fiscalía todavía debe ser homologado judicialmente. Por esa razón no está sentado junto a Cabaleyro y los seis exempleados de Rey Distribución que afrontan el actual debate.
La acusación está encabezada por las fiscales María del Valle Viviani y Verónica Marcantonio. La representación del particular damnificado está vinculada a Florencia Arietto, mientras que Ignacio Baldarenas y Mauricio Gugger ejercen la defensa de Cabaleyro y Gabriel Ruiz representa a los exempleados.
Después de tres jornadas, las posiciones comienzan a quedar delimitadas. La acusación procura demostrar que detrás del bloqueo y de los reclamos existieron presiones y exigencias que constituyeron delitos. Las defensas buscan acreditar el contexto laboral que precedió al conflicto y discutir, particularmente en el caso de Cabaleyro, qué participación concreta tuvo en las conductas que se le atribuyen.
Todavía resta prueba por producir. Será al finalizar el debate cuando el tribunal deba valorar en conjunto testimonios, audios, videos, documentación y peritajes para determinar si las acusaciones quedaron acreditadas y establecer la responsabilidad individual de cada uno de los imputados.
