Según anunció el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, los Registros Automotores dejarán de cobrar impuestos y tasas relativas a la radicación de automotores y de sellos, así como las multas por infracciones de tránsito cometidas en jurisdicciones provinciales o municipales. Ahora, la responsabilidad de recaudar esos pagos recae en cada jurisdicción.
Hasta la fecha, los registros retenían los trámites de transferencia cuando existían deudas de patentes o multas, lo que impedía a los propietarios vender sus vehículos. Con la nueva normativa, el vehículo se podrá transferir aunque tenga deudas, y cualquier saldo pendiente deberá ser arreglado entre el comprador y el vendedor.
Entre las medidas complementarias, se destacó la creación del Legajo Digital Único (LDU) y el Certificado Digital Automotor (CDA), además de la reducción de impuestos en los trámites de compra y venta de vehículos. El LDU busca estandarizar las inscripciones y anotaciones en un sistema accesible y bajo jurisdicción nacional, mientras que el CDA permitirá un control más eficiente y digitalizado de los trámites.
La eliminación de estos requisitos se enmarca en el plan de desburocratización del Gobierno, que también incluye la reducción del vencimiento de la cédula verde y la eliminación de la cédula azul. Además, se proyecta un ahorro de $1.300 millones mensuales gracias a la digitalización de los legajos automotores, que evitará el traslado de documentos entre registros.
Autoridades recomiendan a los compradores y vendedores de vehículos acordar de forma clara la resolución de deudas pendientes antes de concretar la transacción. Este sector, particularmente vulnerable ante la falta de conocimiento de estos cambios, debe mantenerse informado y recurrir a los canales oficiales para evitar posibles inconvenientes.
