A casi cuatro años de los incendios que cubrieron de humo a San Nicolás y gran parte de la región, la Justicia Federal de Victoria resolvió dictar la falta de mérito para los diez imputados en la causa, al considerar que no hay pruebas suficientes para determinar responsabilidades por las quemas ocurridas en julio de 2022 .
El fallo, firmado por el juez federal Federico Ángel Martín, alcanza a propietarios y responsables de predios en las islas del Delta del Paraná, pero concluye que no se pudo acreditar que hayan sido autores materiales ni intelectuales de los incendios, pese al fuerte impacto ambiental y sanitario que generaron en ciudades como San Nicolás, Ramallo y Rosario .
Durante aquellas semanas, el humo avanzó de forma persistente sobre la región, afectando la visibilidad, alterando la vida cotidiana y provocando problemas respiratorios en la población, en un contexto aún atravesado por la pandemia.
Uno de los puntos centrales del fallo fue el informe de la División Bomberos de la Policía Federal, que indicó que no fue posible determinar con precisión el origen del fuego ni la superficie afectada, debido a las características del terreno y al tiempo transcurrido . Además, el magistrado cuestionó el alcance de las imágenes satelitales —como las del sistema Firms de la NASA— al considerar que no constituyen prueba suficiente para atribuir responsabilidades penales.
En este escenario, la hipótesis inicial que vinculaba a los propietarios de los campos con los incendios perdió sustento, y la causa continuará abierta a la espera de nuevas pruebas.
Sin embargo, el episodio vuelve a poner en el centro de la escena a actores locales con presencia en las zonas afectadas. En 2022, durante el desarrollo de los incendios, el actual intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia —por entonces diputado provincial— quedó bajo la lupa al conocerse que era propietario de 877 hectáreas en las Islas de Gualeguay, al sur de Entre Ríos, frente a las costas nicoleñas, una de las áreas alcanzadas por el fuego .
Según consta en la Dirección General de Catastro de la Administradora Tributaria de Entre Ríos, esas tierras forman parte de un condominio integrado en un 50% por Passaglia y en un 50% por la sociedad Islas del Mirador S.A. Esta firma, creada el 30 de marzo de 2012, tiene como objeto la explotación agropecuaria en campos propios o de terceros, incluyendo actividades ganaderas, forestales y agrícolas.
Los integrantes de esa sociedad anónima son Nicolás Fernández Motta y Lucía Fernández Motta, quienes comparten la titularidad de la explotación con el actual jefe comunal y son co-imputados en la causa por “enriquecimiento ilícito y lavado de activos” que el exjuez Federal – apartado por corrupción – Marcelo Bailaque intentó archivar por “falta de mérito”.
Además, la declaración jurada presentada por Passaglia en 2018 ante la Legislatura bonaerense detalla la posesión de otros cinco campos en la región: uno en San Pedro y cuatro en Ramallo, todos ubicados en el norte de la provincia de Buenos Aires.
En el plano investigativo, una de las principales hipótesis sobre el origen de los incendios señalaba que las quemas podrían haber sido provocadas por productores ganaderos para renovar pasturas secas y favorecer el crecimiento de pasto verde para la alimentación del ganado.
Aunque la resolución judicial no establece responsabilidades individuales, el fallo reabre el debate sobre el uso del suelo en el Delta, los controles estatales y la dificultad para determinar autorías en delitos ambientales complejos.
En ese contexto, la causa sigue abierta, mientras persiste el reclamo social por respuestas ante uno de los episodios más graves de contaminación en la región en los últimos años.
