“La propiedad es inviolable”, reza el artículo 17 de nuestra Constitución Nacional. Sin embargo, en las laderas del río, una familia denuncia que el estruendo de las máquinas municipales pretende silenciar los derechos que otorgan las escrituras.
En el ordenamiento jurídico argentino, la propiedad privada no es un concepto negociable ni un privilegio que el Estado pueda retirar a su antojo bajo la excusa de la “modernización”. Es, en esencia, un derecho humano que garantiza la autonomía del individuo. Cuando un ciudadano posee un título perfecto que data de 1938, ese documento no es solo papel: es la ley misma protegiendo su hogar. Por ello, el avance de maquinaria pesada sobre terrenos particulares sin una orden judicial previa o un proceso de expropiación transparente se parece más a una vía de hecho que a un acto de gobierno legítimo.
El derecho a vivir libre de presiones estatales es otro pilar que parece tambalear en este conflicto. El testimonio de la familia Giroldi, que menciona cortes de suministros básicos como agua y luz, describe lo que en derecho se conoce como coacción. El Estado tiene el monopolio de la fuerza, pero esa fuerza debe usarse para proteger, no para asfixiar psicológicamente a quienes se niegan a ceder lo que legítimamente les pertenece. La libertad no es solo circular por la calle; es la seguridad de que nadie, ni siquiera un intendente, puede irrumpir en tu ámbito privado para despojarte de tu herencia.
Ante este panorama, surge una pregunta inevitable para la reflexión ciudadana: ¿qué valor tiene la seguridad jurídica en San Nicolás? Si las escrituras de una familia pueden ser ignoradas y sus casas puestas en riesgo de derrumbe por una obra estética, entonces ningún vecino está realmente a salvo. El uso de la fuerza pública para avanzar sobre lo ajeno es el síntoma más claro de un poder que ha perdido el eje del servicio para volcarse al autoritarismo. El habeas corpus presentado no es solo una defensa para los Giroldi; es un llamado de auxilio para que la Justicia restablezca el equilibrio y recuerde que el derecho a la propiedad es el límite donde termina la voluntad del gobernante y empieza la libertad del ciudadano.
