En una sesión marcada nuevamente por fuertes reclamos de transparencia, acceso a la información pública y control legislativo, el bloque Alianza La Libertad Avanza denunció una situación de extrema gravedad institucional: la posible utilización del aparato municipal como herramienta de persecución política contra el concejal Federico Chouhy y sus empresas.
La concejala Mariana Aseff presentó el proyecto de resolución en el que el bloque expresó profunda preocupación por la clausura dispuesta por el Municipio contra Moviport y por el impacto social, laboral e institucional que la medida genera sobre trabajadores, familias y actividades económicas vinculadas directa e indirectamente con la empresa.
Luego de la lectura del proyecto, Federico Chouhy tomó la palabra y realizó una exposición contundente. Advirtió que la clausura de Moviport no puede analizarse como un hecho aislado ni como una simple discusión administrativa. Por el contrario, sostuvo que cuando el Estado toma una decisión que paraliza la actividad de una empresa, no solo afecta a sus propietarios: también pone en riesgo puestos de trabajo, proveedores, clientes y la confianza de quienes quieren invertir y producir en la ciudad.
“Detrás de esa clausura hay mucha gente”, planteó Chouhy, al referirse a los trabajadores que todavía no saben si podrán volver a la empresa, a los clientes que preguntan si se podrán cumplir los contratos firmados y a una ciudad que mira con preocupación lo que está ocurriendo. En ese sentido, remarcó que la producción necesita reglas claras, iguales para todos, sin privilegios y sin arbitrariedades.
Durante su intervención, el concejal explicó que desde que asumió su banca en la oposición viene cumpliendo el rol para el que fue elegido por los vecinos: pedir informes, exigir explicaciones, presentar denuncias públicas y controlar aquello que considera irregular. En ese contexto, advirtió que si un empresario, comerciante o vecino siente que cuestionar al poder puede traer consecuencias sobre su actividad privada, el problema deja de ser personal y pasa a ser institucional.
Chouhy también relató que la documentación requerida por el Municipio ya había sido presentada, que fue nuevamente entregada dentro del plazo solicitado y que, aun así, los inspectores regresaron con la orden de clausura ya confeccionada.
La resolución impulsada por el bloque exige que toda medida sobre actividades productivas, comerciales o laborales se adopte con razonabilidad, transparencia, debido proceso y respeto por los derechos de los ciudadanos. En ese punto, la lectura realizada por Mariana Aseff y la exposición de Federico Chouhy dejaron planteado un mensaje central: ningún gobierno puede colocarse por encima de la ley, y ningún vecino debería tener miedo de controlar, reclamar o disentir.
“Cuando el poder político usa al Estado para disciplinar, la democracia se debilita. Y cuando un vecino, un comerciante, un empresario o un concejal puede ser castigado por pensar distinto, el problema ya no es individual: es de toda la sociedad”, concluyeron desde el bloque.
