La sesión del Concejo Deliberante de este miércoles dejó al descubierto un nuevo intento del passaglismo por desviar el eje del debate.
La edil Silvana Maldonado procuró convertir en una polémica jurídica lo que, en realidad, era un proyecto de resolución de contenido exclusivamente político presentado por el bloque Alianza La Libertad Avanza para expresar el rechazo institucional a la clausura de la empresa Moviport S.A. dispuesta por el Ejecutivo Municipal.
Durante el tratamiento del expediente, Maldonado intentó instalar la existencia de un supuesto “conflicto de intereses”, insinuando que los autores del proyecto no podían intervenir en la discusión.
Sin embargo, la argumentación quedó rápidamente desarmada por los propios fundamentos legales.
Los concejales Federico Chouhy y Mariana Aseff explicaron que la documentación cuya ausencia alegaron los inspectores municipales había sido presentada en tiempo y forma, con los comprobantes correspondientes. Además, señalaron que durante el operativo de clausura el personal municipal nunca revisó esa documentación antes de disponer la medida y tampoco exhibió el acta que debía respaldar el procedimiento.
Lejos de responder a esas observaciones, la edil oficialista eligió intentar desacreditar el proyecto recurriendo a una figura legal que no se ajusta en absoluto al caso.
El argumento, sin embargo, carece de sustento. Para que exista un conflicto de intereses en los términos del Artículo 90 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, debe existir un beneficio económico directo, una ventaja patrimonial, una exención o un interés personal concreto derivado de la decisión que adopte el cuerpo deliberativo.
Nada de eso ocurre en el expediente presentado por la Alianza La Libertad Avanza. El proyecto es una resolución de carácter meramente declarativo: expresa una posición política e institucional del Concejo frente a una actuación del Departamento Ejecutivo. No modifica la clausura, no revoca ninguna decisión administrativa o judicial, no concede derechos, no dispone indemnizaciones ni genera beneficio económico alguno para la empresa.
Precisamente por tratarse de una declaración política y no de un acto administrativo con efectos particulares, resulta jurídicamente imposible configurar un conflicto de intereses.
La intervención de Maldonado terminó dejando más dudas sobre su interpretación de la normativa que sobre el contenido del proyecto. Su intento de instalar una incompatibilidad inexistente terminó chocando con los propios requisitos que establece la ley, evidenciando una acusación sin respaldo legal y tal vez buscando su minuto de fama.
En lugar de discutir el fondo del planteo -las irregularidades denunciadas en el procedimiento de clausura y el accionar del Ejecutivo Municipal-, el oficialismo optó por una estrategia que terminó desinflándose frente a la simple lectura de la legislación vigente. Más que un argumento jurídico, la exposición de la concejal -que en algún momento se vistió de radical- terminó pareciendo un recurso político que no resistió el menor análisis.
Otros temas
Durante el inicio de la sesión se dio ingresó formal a un expediente presentado por el Centro de Estudiantes de la Escuela Secundaria N° 3, donde los jóvenes solicitaron información detallada sobre los proyectos actuales para el boleto estudiantil.
También se recibió la petición del vecino Gonzalo Arnedillo, quien solicitó formalmente hacer uso de la “Banca 21” para expresar su postura de manera directa ante los ediles.
En cuanto al transporte público, ingresó una propuesta de Carlos Galassi, que procura crear un sistema municipal para que el servicio de transporte público de pasajeros sea gratuito y universal en todo el Partido.
Por el lado de los movimientos sociales, la organización Barrios de Pie presentó un proyecto de ordenanza con el fin de declarar la emergencia alimentaria en la ciudad.
También se trató el pedido de licencia que presentó de forma particular la concejal Belén Mozzicafredo desde el 20 hasta el 23 del corriente mes.
Por parte del bloque passaglista se sumó al debate un proyecto de resolución para pedir a Vialidad Nacional que incluya en sus planes de obras el arreglo del cruce de las rutas N° 9 y 188.
Desde el bloque de Fuerza Patria ingresó otra iniciativa donde le solicitó al Municipio si la empresa prestataria de recolección de residuos tiene la facultad de modificar el servicio.
En cuanto a los despachos de la comisión de Legislación General se aprobaron por unanimidad dos declaraciones de Interés Municipal para libros de autores locales que incluyeron la obras “Legado de ríos y fuegos” de Astul Urquiaga y el cuadernillo inédito “Poemas del recuerdo” de José Luis Cazzulo presentado por Javier Méndez.
También se aprobó, aunque con abstenciones, una iniciativa de Fuerza Patria para manifestar su repudio ante la media sanción del proyecto de ley que busca modificar el régimen de beneficio por la Zona Fría.
