La arremetida de la Municipalidad de San Nicolás contra la firma MoviPort S.A. parece no encontrar un límite normativo, sino una constante reinvención de sus mecanismos.
Luego de semanas de máxima tensión que involucraron clausuras y multas millonarias -recientemente frenadas y declaradas nulas por dos juzgados distintos debido a su manifiesta arbitrariedad-, el Ejecutivo volvió a la carga.
Esta vez, el foco de conflicto abandonó el terreno de las inspecciones físicas y se trasladó a los escritorios: el Municipio mantiene retenida la autorización para la disposición de los residuos asimilables a domiciliarios que genera la empresa.
MoviPort operaba bajo el registro N° 124-09 como generador de este tipo de residuos, contando con un permiso otorgado por el propio Municipio el 3 de julio de 2024. Esa autorización feneció el pasado 3 de julio. A pesar de que la firma presentó formalmente los formularios y toda la documentación requerida para la reinscripción en tiempo y forma, el trámite quedó sumergido en un sugestivo silencio administrativo.
MoviPort S.A. jamás recibió una constancia de renovación ni tampoco una notificación formal sobre supuestas inconsistencias en su legajo.
El laberinto diseñado para el bloqueo
La parálisis cobró sentido poco después. Según trascendió, el Municipio habría notificado a la empresa prestadora ENTRE S.R.L que no daría luz verde a la renovación debido a que MoviPort supuestamente “no cuenta con la habilitación municipal correspondiente”.
Con esta directiva informal, ENTRE se vio obligada a discontinuar el servicio de recolección y disposición final de la planta.
Ante la falta de respuestas institucionales, el jefe del Departamento de Seguridad e Higiene de MoviPort, Leandro Maccarrone, exigió explicaciones vía correo electrónico el 7 de agosto. La contestación formal llegó 5 días después, pero no por parte de las autoridades municipales, sino de la prestataria ENTRE S.R.L.
En su descargo, la firma de recolección ratificó que el permiso se encuentra vencido y aclaró que carece de la potestad para restablecer las frecuencias de retiro mientras la Municipalidad, que es la autoridad competente y exclusiva del trámite, no emita la correspondiente reinscripción.
El núcleo de la controversia expone una trampa circular. La misma Municipalidad que debe firmar la renovación del permiso ambiental es la que decide congelar el expediente argumentando la falta de otra habilitación comercial.
En términos prácticos: MoviPort S.A. requiere el aval de las oficinas locales para normalizar su flujo de residuos, pero el Ejecutivo le niega ese derecho alegando una supuesta irregularidad que ellos mismos configuran al no resolver el trámite de fondo.
De la fiscalización al ahogo operativo
En el marco del sistemático hostigamiento que la administración municipal dirige contra la empresa logística, esta maniobra adquiere un volumen institucional alarmante. El rol de policía de seguridad e higiene que le compete al Estado es indiscutible. El problema radica cuando los plazos de la burocracia y las facultades de control son moldeados deliberadamente como herramientas de asfixia comercial, empujando a una empresa hacia la falta de encuadre normativo.
Negarle a una planta la posibilidad de disponer sus desechos de manera regular no solo golpea su funcionamiento cotidiano, sino que edifica una peligrosa encerrona jurídica: cualquier eventual acumulación o contingencia interna derivada de esta parálisis estatal podría ser utilizada más adelante por las propias dependencias locales como un argumento “legal” para dictar nuevas sanciones o clausuras.
Preguntas que demandan respuestas claras
Frente a la documentación de los hechos, la Municipalidad está obligada a esclarecer los detalles de su proceder: ¿Cuál es la habilitación exacta que MoviPort supuestamente no posee y en qué fecha fue notificada la empresa? ¿Qué documentos técnicos consideraron insuficientes? ¿Por qué omitieron formular una observación formal dentro del expediente cuando se inició la reinscripción?
El escenario actual deja abierto un enigma central: ¿se trata de un simple retraso administrativo de las oficinas públicas o de una estrategia coordinada para obstaculizar el normal desempeño de MoviPort S.A.? La diferencia es sustancial. Si es lo primero, basta con destrabar el circuito de firmas. Pero si es lo segundo, San Nicolás asiste a un nuevo capítulo donde las potestades del Estado Municipal vuelven a ser utilizadas arbitrariamente en un conflicto que, hace tiempo, dejó de ser estrictamente técnico.
