La Justicia rechazó la medida cautelar presentada por la concejala de Ramallo Cecilia Giammaria, presidenta del bloque Hechos, contra la Tasa de Mantenimiento Vial y Control del Tránsito Pesado que se aplica en el distrito.
La resolución fue dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo N.º 1, que no hizo lugar al pedido de suspensión y dispuso que las costas queden a cargo de la parte actora.
La tasa establece un recargo del 2% sobre el precio de los combustibles y el GNC comercializados en las estaciones de servicio del partido. Según la normativa, lo recaudado debe destinarse al mantenimiento, conservación y mejora de la red vial.
Giammaria cuestionó la constitucionalidad del tributo, su impacto sobre vecinos y sectores productivos y también reclamó mayores precisiones sobre el destino de los fondos y un plan público de obras.
Con la cautelar buscaba que el cobro quedara suspendido mientras se resolvía la cuestión de fondo. El rechazo judicial implica que la tasa continúa vigente pero no define todavía si el tributo es o no constitucional. La decisión es de primera instancia y puede ser apelada.
El planteo abre además un contraste político con San Nicolás. Mientras Giammaria reclama en Ramallo mayor información y control sobre el uso de recursos públicos, en esta ciudad la oposición viene formulando pedidos similares a la gestión de Santiago Passaglia.
Federico Chouhy y Mariana Aseff cuestionaron, entre otros puntos, la falta de documentación respaldatoria en la Rendición de Cuentas y reclamaron información sobre contratos, balances, proveedores y transferencias vinculadas a distintos actos de gobierno. En algunos casos, además, pedidos de informes impulsados por la oposición fueron rechazados por la mayoría oficialista.
Queda planteada así una contradicción dentro del propio espacio: mientras en Ramallo Hechos reclama mayor transparencia y precisiones sobre el destino de fondos públicos, en San Nicolás, cuando la oposición pidió a la gestión de Hechos información o mayores explicaciones sobre el manejo de recursos municipales, esos planteos fueron rechazados o requirieron intervención judicial para acceder a los datos.
