La Libertad Avanza acelera las negociaciones para reemplazar la emergencia en discapacidad por una ley permanente. Este martes, el oficialismo recibió a bloques dialoguistas para mostrarles la propuesta que llevarán este miércoles al plenario de las comisiones de Discapacidad y Presupuesto de Diputados.
El encuentro comenzó a las 16 y por el oficialismo participaron Gabriel Bornoroni, Nicolás Mayoraz, Silvana Giudici, Giselle Castelnuovo y Laura Rodríguez Machado.
En tanto, por los dialoguistas estuvieron presentes: Karina Banfi (Fuerza del Cambio), Oscar Zago (MID), Javier Sánchez Wrba y Antonela Giampieri (PRO), Pamela Verasay (UCR), Fernanda Ávila (Elijo Catamarca), Nancy Picon Martínez (PyT), Oscar Herrera Ahuad y Bernardo Biella (Argentina Federal), Karina Maureira (La Neuquinidad).
Según explicaron desde La Libertad Avanza, el dictamen de la ley de Fortalecimiento, sostenibilidad y eficiencia permanente del sistema de discapacidad consolida “un esquema que brinda previsibilidad y seguridad jurídica a las personas con discapacidad”.
A diferencia de la transitoriedad, el contexto excepcional y el propósito coyuntural que define a la emergencia, el oficialismo propone incorporar de manera definitiva al plexo normativo un marco jurídico que, garantizando la sostenibilidad del sistema, asegure la continuidad de las prestaciones y los beneficios sociales.
Asimismo, proponen garantizar el beneficio de la pensión no contributiva por discapacidad y su actualización, garantizado a su vez el acceso a un programa médico de atención y cobertura de salud. La medida sostiene la posibilidad de trabajar para las personas con discapacidad y quienes los empleen por tiempo indeterminado contarán con beneficios impositivos.
Entre otras cuestiones, ratifican la universalidad del nomenclador y la homogeneidad de aranceles, con su correspondiente actualización; establecen que el sistema sea sostenible contando con partidas presupuestarias específicas y suficientes; plasman de forma expresa que el derecho al cobro de las compensaciones subsiste y que deberá ser saldado dentro de los plazos establecidos en el cronograma de pago.
Por último, disponen la obligación del Poder Ejecutivo de articular con las diferentes jurisdicciones el diseño, seguimiento y evaluación de políticas públicas en la materia, y buscan favorecer la transparencia requiriendo la publicación de los datos obtenidos en auditorías y evaluaciones del sistema.
La propuesta fue tratada también en la reunión de la mesa política, que se llevó a cabo desde las 13 en la Casa Rosada. El ministro de Economía, Luis Caputo, no estuvo presente por su viaje a Nueva York con el presidente. Patricia Bullrich lo había responsabilizado por incorporar “cambios inconsultos” al Presupuesto 2027 que generaron cuestionamientos por los retrocesos en discapacidad. Durante la última semana, los negociadores políticos y económicos retomaron conversaciones para encontrar un punto medio.
El conflicto también derivó en la renuncia de Alejandro Vilches, titular de ANDIS, quien comunicó su decisión al ministro de Salud, Mario Lugones, por “razones estrictamente personales”. Había asumido hace más de un año, después de reemplazar a Diego Spagnuolo.
El oficialismo también busca acelerar el tratamiento por la próxima visita del papa León XIV. Una de sus primeras actividades será en el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, que atraviesa dificultades en la cadena de pagos.
Su director del área de Discapacidad, Fernando Montero, denunció que la institución lleva diez meses con faltantes de medicamentos, pañales y apósitos por la interrupción de programas nacionales. También señaló que durante 2024 y 2025 los aranceles estuvieron congelados y que actualmente se actualizan por IPC, pero sobre valores que quedaron devaluados entre un 30 y 35%.
Uno de los puntos centrales es recuperar el nomenclador, que fija los valores de las prestaciones y el piso que deben pagar obras sociales y prepagas. El Presupuesto 2027 planteaba eliminarlo y establecer actualizaciones trimestrales a discreción de la Secretaría de Discapacidad.
El proyecto en discusión propone, en cambio, actualizaciones bimestrales vinculadas a la inflación, frente al esquema vigente de revisión mensual por IPC.
También se negocia un endurecimiento de los requisitos para acceder a la pensión por discapacidad. Todavía no está definido si quienes reciben el beneficio podrán conservarlo al conseguir un trabajo registrado o si ambos ingresos serán incompatibles, como plantea el Presupuesto.
Los aliados condicionaron su respaldo a que el Gobierno regularice la deuda con los prestadores acumulada desde diciembre de 2024. En paralelo, Unión por la Patria impulsa prorrogar este miércoles la emergencia vigente, mientras el oficialismo busca avanzar con su propia propuesta como alternativa “superadora”.
