Hay una discusión que los políticos recaudadores deberían dejar de esquivar porque detrás de los reclamos presupuestarios de muchos intendentes existe una contradicción evidente.
Los jefes comunales reclaman mayores transferencias, autonomía financiera y nuevas facultades. La salud pública representa una carga cada vez mayor y es razonable que quienes sostienen hospitales reclamen a la Provincia los fondos necesarios.
El problema aparece cuando esa misma lógica se aplica de manera selectiva. Para administrar recursos destinados a salud, infraestructura o programas sociales, el argumento es que nadie conoce mejor las necesidades de una comunidad que el intendente que está cerca de sus vecinos. Pero, cuando la conversación se traslada a la inseguridad, muchos de esos gobernantes vuelven sobre las competencias legales y recuerdan que la Policía depende de la Provincia.
Formalmente, tienen razón. La seguridad pública es una responsabilidad primaria del Gobierno bonaerense. Pero convertir esa verdad jurídica en una excusa política para desentenderse de lo que ocurre en las calles es otra cosa. Una cosa es no tener el mando de una fuerza y otra no asumir responsabilidad política frente al problema.
El vecino no vive dentro de un organigrama administrativo. Cuando asaltan un comercio o entra un delincuente a una casa, nadie revisa qué artículo establece la jurisdicción. El reclamo cae sobre el Estado y el primer rostro visible es el intendente.
La contradicción aparece cuando la autonomía municipal parece funcionar según la conveniencia del problema: para administrar hospitales se reclama que los fondos lleguen al territorio porque el Gobierno Municipal está en mejores condiciones de decidir cómo utilizarlos; para infraestructura o desarrollo se piden herramientas propias. Pero cuando una comunidad reclama seguridad, aparece rápidamente la explicación de que la cuestión corresponde a la Provincia. La pregunta es por qué la cercanía sirve para administrar dinero, pero deja de servir cuando el vecino exige respuestas frente al delito.
Nadie pretende que los intendentes se conviertan en jefes policiales ni que la Provincia abandone sus obligaciones. Lo que debería exigirse es más sencillo: que los gobiernos locales utilicen las herramientas disponibles y asuman la conducción política correspondiente. Pueden invertir en prevención, mejorar el alumbrado, sostener centros de monitoreo, instalar cámaras, ordenar el espacio público, coordinar con las fuerzas provinciales y reclamar cuando los recursos resultan insuficientes.
Los municipios tienen derecho a reclamar financiamiento para las funciones que desempeñan, pero gobernar no consiste en aceptar únicamente las responsabilidades que vienen acompañadas de una partida presupuestaria. La Provincia debe garantizar policías y una política de seguridad eficaz, pero los municipios tampoco pueden utilizar la dependencia provincial como una frontera detrás de la cual esconderse.
La autonomía no puede ser un menú en el que cada gobierno elige las funciones que vienen acompañadas de financiamiento y devuelve las que vienen acompañadas de reclamos. Si consideran que sus ciudades tienen capacidad para administrar más funciones, también deberían demostrarla al prevenir, coordinar y reclamar respuestas ante la inseguridad.
No se trata de pedirles lo que no pueden hacer. Se trata de exigirles que hagan todo lo que sí pueden.
Los intendentes pueden reclamarle a la Provincia lo necesario cuando los recursos no alcanzan, pero el reclamo hacia arriba no puede convertirse en una coartada para la inacción hacia abajo.
Si quieren más autonomía, deberán aceptar también más responsabilidad.
La política puede discutir quién pone la plata. Lo que no debería seguir discutiendo es quién pone la cara.
