Hace rato que el caso de la empresa MoviPort S.A. dejó de ser un simple diferendo administrativo para convertirse en un síntoma alarmante de cómo se ejerce el poder en el Municipio de San Nicolás.
Cuando las instituciones del Estado se utilizan para perseguir, asfixiar económicamente y acorralar a quienes producen y generan fuentes de trabajo, el sistema democrático de una ciudad entra en una zona de alto peligro. No lo dice este medio, aunque es de los pocos que expresa algo en un pueblo sometido al látigo o billetera. Lo confirma la Justicia de manera consecutiva, flagrante y demoledora.
En menos de dos meses, dos magistrados distintos del Departamento Judicial de San Nicolás desarmaron por completo el accionar municipal. Primero fue el juez Sebastián Zubiri, quien calificó la clausura preventiva de “infundada, arbitraria y desproporcionada”. Semanas después, la jueza Luciana Díaz Bancalari declaró la nulidad absoluta de una condena exprés que pretendía cobrar una multa insólita de 70 millones de pesos, exponiendo que el Juzgado de Faltas dictó sentencia ignorando pruebas, ocultando informes técnicos y violando sistemáticamente el derecho de defensa.
El escenario es idéntico al de una persecución dirigida: se clausura primero, se condena después y se ignoran las garantías constitucionales en el medio. Está clarísimo que no son errores de tipeo o desprolijidades burocráticas. Es un categórico modus operandi que atropella la legalidad. El poder de policía existe para cuidar a los ciudadanos y ordenar la convivencia, no para ser utilizado como un garrote discrecional contra objetivos seleccionados.
Ante este doble revés judicial, surge una pregunta que carcome la legitimidad institucional de la gestión: ¿Es sostenible la permanencia de la jueza de Faltas, Marianela La Fratta, al frente de su cargo?
La idoneidad para ejercer la función pública no se mide solo en base a un nombramiento, sino en la seriedad, la ecuanimidad y el apego estricto al derecho que demandan sus actos. Emitir fallos millonarios con medidas de prueba aún pendientes, desoír actas notariales y forzar clausuras que la Justicia ordinaria debe levantar de urgencia denota una alarmante falta de rigor técnico y una preocupante sumisión a la voluntad política por encima de la ley.
Un funcionario que expone al Municipio a semejante papelón jurídico -y a un eventual perjuicio económico millonario- pierde la confianza pública necesaria para seguir dictando sentencias sobre los vecinos y comerciantes de la ciudad.
El daño ya está hecho, pero las consecuencias apenas comienzan. El caso ya se debate en el fuero penal bajo hipótesis de Abuso de Autoridad e Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público.
Si la empresa avanza con demandas por los perjuicios sufridos por la paralización de sus plantas, la cuenta final no la pagarán los funcionarios de sus bolsillos. La abonarán los contribuyentes nicoleños con sus impuestos.
¿Por qué los vecinos deben subsidiar los caprichos autoritarios y las persecuciones de la administración de turno?
El Municipio no puede seguir respondiendo con un silencio burlista o el blindaje corporativo. Si la Justicia ya tuvo que intervenir dos veces para frenar los excesos de la soberbia y el hostigamiento sistemático, la comunidad nicoleña debe plantear la pregunta de fondo: ¿quién controla a los que controlan?
La prepotencia estatal y la malicia no son errores de gestión, son abusos de poder. Funcionarios como, por ejemplo, Marianela La Fratta no merecen el cargo. Y San Nicolás no merece financiarlos.
