Después de cinco jornadas de debate ante el Tribunal Oral en lo Criminal N.° 2, el juicio contra Maximiliano Cabaleyro y los otros seis acusados entra en un tramo decisivo. La audiencia de este lunes permitirá completar las declaraciones pendientes de la acusación antes de que las partes expongan qué consideran probado durante el proceso.
Gustavo Rey abrió la ronda de declaraciones y permaneció más de cinco horas ante el Tribunal. El empresario ratificó la denuncia y sostuvo que representantes del sindicato ejercieron presiones y formularon exigencias económicas. Durante su testimonio también fueron incorporados audios y videos que forman parte del expediente.
Luego declararon profesionales vinculados con la contabilidad de la empresa y su entonces abogado. Una de las contadoras calculó en aproximadamente $13,5 millones, a valores de aquel momento, los ingresos que la distribuidora habría dejado de percibir durante los cinco días en los que se desarrolló el conflicto frente a la planta. También se analizó documentación relacionada con los reclamos laborales y los pagos que posteriormente quedaron bajo investigación penal.
La tercera audiencia tuvo como principal testigo a Ariel Rey, quien vinculó a Espíndola con pedidos de dinero que, según su versión, se remontaban a 2017. La defensa buscó establecer durante el interrogatorio si esas presuntas exigencias podían atribuirse directamente a Cabaleyro, una cuestión que será central cuando llegue el momento de discutir su responsabilidad individual.
Otra controversia surgió alrededor de la naturaleza de determinadas entregas de dinero. La esposa de Ariel Rey utilizó durante el juicio el término “coimas”, mientras que en una declaración anterior había hablado de “aportes”. Los defensores remarcaron esa diferencia para cuestionar la caracterización de los pagos. La testigo, por su parte, atribuyó el cambio a una confusión inicial.
Esa discusión se cruza con otro elemento incorporado al expediente: una pericia sobre documentación de Rey Distribución detectó diferencias e irregularidades laborales y concluyó que existían reclamos de trabajadores con sustento. Ese resultado es utilizado por las defensas para sostener que había un conflicto laboral real detrás de las medidas adoptadas. Sin embargo, la existencia de reclamos laborales y la eventual comisión de extorsiones o coacciones constituyen cuestiones jurídicamente diferentes que deberán ser evaluadas por el Tribunal.
Qué aportó Cecilio Salazar
La quinta jornada sumó la declaración del intendente de San Pedro, Cecilio Salazar, quien explicó su intervención como mediador entre la empresa y el sindicato.
Salazar manifestó que buscó generar un diálogo entre las partes y sostuvo que no le constaba que se hubiera impedido el ingreso o egreso de camiones de la planta. Durante su declaración también fueron reproducidas conversaciones que había mantenido con Cabaleyro durante el conflicto.
En las audiencias anteriores también declararon trabajadores, integrantes de la familia Rey, profesionales y personas relacionadas con la actividad de la distribuidora. Un proveedor de mantenimiento aseguró haber observado entregas de sobres a representantes gremiales, aunque durante el interrogatorio no pudo confirmar que contuvieran dinero.
La acumulación de esos testimonios llevó a las defensas a tomar la decisión que modifica el tramo final del juicio: no producirán su propia prueba testimonial.
La lectura de los abogados es que no necesitan convocar a sus testigos para discutir la acusación. Consideran que las propias declaraciones ofrecidas por Fiscalía y querella dejaron elementos suficientes para cuestionar la existencia de extorsiones y coacciones y, particularmente, la participación atribuida a Cabaleyro.
Esa conclusión, sin embargo, pertenece exclusivamente a las defensas. La Fiscalía y el particular damnificado tendrán en los alegatos la posibilidad de realizar una valoración diferente de exactamente la misma prueba y sostener las acusaciones que llevaron el expediente hasta el juicio.
Del expediente a la definición
La causa atravesó un extenso recorrido antes de llegar al debate oral. El Juzgado de Garantías N.° 3 había dispuesto la elevación a juicio y rechazado distintos planteos de las defensas. Posteriormente intervinieron instancias superiores y el expediente sufrió modificaciones antes de quedar definitivamente en condiciones de ser juzgado. Entre ellas, la Sala V del Tribunal de Casación Penal recalificó uno de los hechos que originalmente había sido considerado tentativa de extorsión.
El proceso finalmente llegó al Tribunal Oral en lo Criminal N.° 2, donde comenzó el debate el pasado 28 de septiembre. Cabaleyro permanece sometido a una medida de coerción desde 2022 y actualmente cumple arresto domiciliario con monitoreo electrónico.
Este lunes, con la incorporación de los últimos testimonios de la acusación, comenzará a cerrarse la etapa destinada a producir pruebas. El martes llegará el momento de interpretarlas.
La Fiscalía deberá explicar por qué considera acreditados los delitos y la participación de cada acusado. Las defensas, en cambio, anticipan que utilizarán buena parte de esa misma prueba para argumentar que no quedaron demostradas las extorsiones ni las coacciones.
La última palabra no pertenece todavía a ninguna de las partes. Una vez terminados los alegatos, será el Tribunal Oral en lo Criminal N.° 2 de San Nicolás el que deberá determinar qué hechos considera probados y cuál es la responsabilidad penal —o la ausencia de ella— de Cabaleyro y los otros seis acusados.
