La provincia de Buenos Aires reglamentó la Ley Joaquín, una normativa que establece medidas obligatorias de seguridad para las instalaciones deportivas y recreativas. La reglamentación fue anunciada el miércoles 4 de noviembre, mediante el Decreto 2082/2026, y alcanza a clubes, escuelas, plazas y otros establecimientos públicos y privados de todo el territorio bonaerense, incluido San Nicolás.
La Ley 15.618 había sido sancionada el 16 de julio y publicada en el Boletín Oficial el 3 de agosto de este año. Su objetivo es prevenir accidentes provocados por estructuras que no cuentan con las condiciones adecuadas de instalación, sujeción o mantenimiento, especialmente en espacios utilizados por niños y adolescentes.
La iniciativa lleva el nombre de Joaquín Stefano Gatto, un niño de 12 años que falleció en enero de 2026 tras ser golpeado por un arco de fútbol que cayó sobre él durante una actividad recreativa en Neuquén. Su muerte impulsó el reclamo de medidas de prevención para evitar hechos similares.
Entre las principales exigencias de la legislación se encuentra la obligación de asegurar los arcos de fútbol, hockey y handball que pesen más de 20 kilos, mediante sistemas de anclaje, sujeción o contrapesos, permanentes o removibles, que impidan su vuelco.
También se establecen condiciones específicas para otros equipamientos:
- Aros de básquet con pie: deberán contar con contrapesos que garanticen su estabilidad.
- Arcos y estructuras removibles: tendrán que disponer de espacios adecuados para su guardado o, en el caso de los arcos, permanecer asegurados en posición horizontal cuando no se utilicen.
- Pisos, columnas, paredes y postes: deberán incorporar protecciones acolchonadas para amortiguar posibles impactos.
- Instalaciones recreativas: los elementos utilizados en plazas, parques y establecimientos deportivos deberán reunir condiciones de seguridad y mantenimiento.
La normativa dispone, además, que los controles técnicos sean realizados por profesionales matriculados, quienes deberán emitir la correspondiente certificación de aptitud. Las instituciones alcanzadas tendrán que exhibir esa documentación de manera permanente y accesible.
La reglamentación también contempla la coordinación entre organismos educativos, asociaciones deportivas y otras instituciones para facilitar el cumplimiento de los requisitos de seguridad.
En cuanto a los plazos, la Ley Joaquín establece un período máximo de un año, contado desde su reglamentación, para que las instituciones alcanzadas adecúen sus instalaciones. También contempla la posibilidad de una prórroga por única vez durante un período equivalente.
