La Justicia volvió a intimar a la Municipalidad de San Nicolás para que demuestre que cumplió con la medida cautelar que ordenó habilitar el acceso completo al sistema RAFAM a un grupo de concejales de la oposición. La nueva resolución establece un plazo de dos días para acreditar el cumplimiento y advierte que, de persistir la situación, podrán aplicarse sanciones económicas.
El pronunciamiento se produjo después de que el Municipio informara, el pasado 18 de septiembre, que se estaban realizando las tareas necesarias para implementar la decisión judicial. Sin embargo, según consta en la resolución, transcurrido más de un mes todavía no se había comunicado formalmente la finalización de esos trabajos.
Ante esa situación, el juzgado dispuso intimar nuevamente al apoderado comunal para que acredite el cumplimiento de lo ordenado, bajo apercibimiento de aplicar sanciones económicas destinadas a exigir el cumplimiento de una resolución judicial.
El conflicto comenzó durante el tratamiento de la Rendición de Cuentas 2025, cuando concejales opositores denunciaron dificultades para acceder a la información necesaria para controlar la administración de los recursos municipales.
El RAFAM, denominado Reforma de la Administración de los Recursos Financieros y Reales en el Ámbito Municipal, permite consultar información contable, presupuestaria y financiera de los municipios bonaerenses. Su utilización resulta relevante para el análisis de ingresos, gastos, modificaciones presupuestarias y movimientos de fondos públicos.
En ese contexto, los concejales de Fuerza Patria recurrieron a la Justicia para solicitar que se garantizara el acceso completo al sistema.
La presentación derivó en una medida cautelar favorable, mediante la cual se ordenó al Departamento Ejecutivo municipal habilitar inmediatamente el acceso solicitado. La decisión se fundamentó, entre otras disposiciones, en las resoluciones 449/2011 y 15/2016 del Tribunal de Cuentas bonaerense, que regulan la disponibilidad de información financiera para el Concejo Deliberante.
Las dificultades también fueron planteadas por el concejal Federico Chouhy, de Alianza La Libertad Avanza, quien había denunciado públicamente que continuaba sin acceso al RAFAM pese a sus reiteradas solicitudes.
En una de sus manifestaciones, Chouhy cuestionó las condiciones en las que los concejales debían desarrollar sus tareas de fiscalización y sostuvo: “Falta control y también ponen trabas cada vez que se intenta controlar”.
El edil también había advertido sobre la gravedad institucional que, a su entender, representa la imposibilidad de consultar información pública necesaria para ejercer el control legislativo. En ese marco, confirmó la realización de presentaciones administrativas y dejó abierta la posibilidad de recurrir a instancias judiciales.
El planteo de Chouhy también aparece mencionado en los antecedentes judiciales del expediente. Allí consta que, durante una reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda realizada el 18 de mayo, manifestó que no contaba con las claves necesarias para ingresar al sistema y que había presentado una denuncia ante el Tribunal de Cuentas.
Por su parte, los concejales que promovieron la acción judicial señalaron que las limitaciones de acceso habían impedido examinar completamente la documentación correspondiente al ejercicio económico 2025. Entre los elementos cuestionados figuraban registros de proveedores, decretos de modificaciones presupuestarias y documentación respaldatoria de distintas partidas.
De esta manera, el Ejecutivo municipal deberá demostrar ante la Justicia que garantizó el acceso ordenado, mientras continúa abierta la controversia por la disponibilidad de información financiera y las facultades de control del Concejo Deliberante.
