El proceso judicial que investiga hechos de violencia en el jardín maternal “Manitos a la obra”, ubicado en la ciudad de Villa Constitución, sumó un nuevo capítulo de gran relevancia esta semana. Durante una audiencia realizada el pasado jueves, la fiscalía decidió ampliar la acusación contra las seis mujeres implicadas en el caso, entre las que se encuentran tres docentes y tres auxiliares. La decisión de los investigadores se basó en la aparición de nuevas pruebas y testimonios que complican la situación procesal de las señaladas, elevando a once el número total de hechos de violencia bajo investigación oficial.
Los nuevos cargos presentados por el fiscal *Ramiro Martínez* se centran en el delito de lesiones leves dolosas. Según la acusación, estos actos ocurrieron en un contexto de conductas violentas e inadecuadas contra menores de muy corta edad que estaban bajo el cuidado exclusivo de la institución. Cabe recordar que la causa tomó estado público tras la viralización de videos y audios que registraban escenas de maltrato físico y psicológico dentro del establecimiento educativo. Entre las personas investigadas se encuentra una docente oriunda de la ciudad de San Nicolás, quien ha sido señalada como una de las principales responsables de las agresiones captadas en las imágenes.
Medidas de restricción y control judicial
Debido a la gravedad de las denuncias y la necesidad de proteger a las víctimas, el juez a cargo de la causa decidió prorrogar las medidas cautelares por un periodo de 90 días adicionales. Estas restricciones son estrictas y buscan evitar cualquier tipo de entorpecimiento en la investigación o riesgo para los menores y sus familias:
- Prohibición de contacto: Las imputadas no pueden acercarse a los damnificados ni a sus familiares en un radio de 200 metros.
- Inhabilitación laboral: Tienen prohibido terminantemente estar a cargo de grupos de niños, niñas o adolescentes mientras dure el proceso.
- Control: Se les prohibió la salida del país, deben pagar una fianza y tienen la obligación de presentarse cada quince días ante la Oficina de Gestión Judicial para firmar una planilla de asistencia.
Durante la audiencia, el fiscal destacó que la investigación ha avanzado con la incorporación de informes médicos, evaluaciones psicológicas de los niños y entrevistas con los padres. Un dato que llamó la atención de los investigadores fue el peritaje de los teléfonos celulares secuestrados; se detectó que el dispositivo perteneciente a la docente nicoleña fue borrado por completo antes de ser entregado a las autoridades.
Una investigación que suma complejidad
La causa es calificada como compleja debido a la naturaleza de los hechos y la vulnerabilidad de las víctimas. Los reportes indican que los maltratos incluían gritos, insultos, golpes y situaciones de grave desatención. Además de los videos que ya circulan de forma pública, la justicia cuenta con un tercer registro audiovisual, aún no difundido, donde se observa una agresión contra una niña con discapacidad. Este material fue grabado por una de las auxiliares del jardín, lo que resultó determinante para que las familias pudieran realizar las denuncias correspondientes en enero pasado.
El jardín maternal permanece clausurado desde los primeros operativos de allanamiento, donde también se secuestraron cámaras de seguridad y otros elementos de interés. Por el momento, ninguna de las acusadas decidió declarar ante el juez, haciendo uso de su derecho constitucional. El proceso continuará con el análisis de los datos recuperados de los teléfonos y la recopilación de más testimonios de la comunidad educativa, mientras las familias esperan que la causa sea elevada a juicio oral en los próximos meses para obtener una sentencia definitiva sobre lo ocurrido en el interior del establecimiento.
