La causa que investiga al exjuez federal de Rosario, Marcelo Bailaque -quien dictó la falta de mérito en la causa por enriquecimiento ilícito y lavado de activos contra los Passaglia por presuntas maniobras de corrupción- dio un nuevo paso con un reclamo económico de fuerte impacto.
Los empresarios Claudio Iglesias y Jorge Oneto, querellantes en el expediente, solicitaron una indemnización de 2 mil millones de pesos en concepto de daño moral y perjuicios, al considerar que fueron víctimas de un esquema extorsivo que afectó tanto su patrimonio como su trayectoria empresarial.
El planteo fue presentado durante la audiencia en la que se debate la elevación de la causa a juicio oral. Además de Bailaque, el expediente involucra al ex titular regional de la AFIP, Carlos Vaudagna; al financista Fernando Whpei y al escribano Santiago Busaniche, quienes enfrentan distintas imputaciones por su presunta participación en una maniobra que habría combinado el accionar de funcionarios públicos y particulares.
La acusación, sostenida por el fiscal federal Juan Argibay Molina, señala que los imputados utilizaron durante varios años recursos del Poder Judicial y de la entonces AFIP para impulsar una investigación penal contra Iglesias y su socio Oneto.
Según la reconstrucción realizada por la fiscalía, el objetivo no era esclarecer un delito sino generar un fuerte impacto público que deteriorara la imagen del empresario.
De acuerdo con esa hipótesis, el verdadero interés detrás de la investigación era impedir que Iglesias accediera a la conducción del Grupo San Cristóbal, una de las principales compañías aseguradoras del país. Para lograrlo, sostiene el Ministerio Público, se habría organizado una denuncia anónima por supuesto lavado de activos vinculados al narcotráfico, que luego fue derivada al juzgado encabezado por Bailaque.
La fiscalía afirmó que la causa avanzó mediante allanamientos y otras medidas judiciales que respondían a un plan previamente coordinado entre los acusados. Incluso sostuvo que Busaniche intercambió mensajes con Vaudagna para aportar información que permitiera justificar las órdenes de allanamiento y acelerar las actuaciones antes de una fecha determinada.
Uno de los puntos centrales de la investigación es la presunta exigencia de dinero a cambio de frenar el expediente.
Según Argibay Molina, Bailaque y Whpei reclamaron a Iglesias el pago de 200 mil dólares para evitar consecuencias judiciales y administrativas. El empresario terminó entregando 160 mil dólares en distintos encuentros desarrollados entre 2019 y 2022, siempre de acuerdo con la reconstrucción fiscal.
Los representantes legales de Iglesias y Oneto reclamaron una compensación de 1.500 millones de pesos para el primero y de 500 millones para el segundo. Explicaron que evaluaron demandar también al Estado Nacional por la intervención de funcionarios públicos, aunque finalmente decidieron concentrar la acción civil únicamente sobre los cuatro imputados.
La investigación no se limita a la presunta extorsión. Bailaque también enfrenta cargos por supuestamente haber recibido beneficios económicos incompatibles con su función como juez federal. Entre ellos figura el cobro de alquileres de un inmueble mediante una mutual vinculada al empresario Fernando Whpei, una operatoria que, según la fiscalía, habría servido para ocultar pagos indebidos durante varios años.
A su vez, el exmagistrado está acusado de presunto lavado de activos por la compra de un terreno en un barrio privado de Funes a una desarrolladora que, en ese momento, era investigada por evasión tributaria en el juzgado que él mismo conducía. Los fiscales sostienen que el empresario involucrado mantuvo reuniones con Bailaque y que parte del pago de la operación se realizó dentro del propio despacho judicial.
Durante la audiencia, Bailaque pidió intervenir para rechazar específicamente la imputación que alcanza a su esposa, empleada del Poder Judicial santafesino. Aseguró que ella no tuvo ninguna participación en las maniobras investigadas y explicó que el dinero aportado para adquirir el terreno provenía de ingresos legales. Su declaración fue la única realizada por el exjuez en el debate.
Mientras tanto, las defensas continúan cuestionando la validez del proceso. Sostienen que los hechos ocurrieron cuando todavía estaba vigente el sistema procesal escrito y que, por lo tanto, el expediente no debería tramitar bajo el nuevo modelo acusatorio implementado en la Justicia Federal. La fiscalía respondió que las denuncias fueron presentadas recién en 2024, cuando ese régimen ya se encontraba en funcionamiento.
