El hacinamiento contradice estándares internacionales que Argentina debe respetar, como las Reglas Nelson Mandela y la Convención contra la Tortura, que exigen condiciones dignas de detención. Cuando una cárcel supera ampliamente su capacidad, se vulneran derechos básicos y el Estado queda expuesto a cuestionamientos legales.
Además, una parte importante de los detenidos no tiene condena firme, lo que evidencia demoras judiciales que agravan el problema y aumentan la presión sobre el sistema penitenciario.
Vivir en un penal con casi el triple de internos implica menos espacio, servicios médicos limitados y pocas oportunidades de estudio o trabajo. En estas condiciones, la función de reinserción social se debilita y el encierro termina siendo sólo punitivo, sin herramientas reales para evitar la reincidencia.
Un sistema penitenciario desbordado no mejora la seguridad. Por el contrario, genera mayores costos, deteriora las condiciones humanas y complica cualquier política de rehabilitación.
En San Nicolás, la situación de la UP3 refleja esta crisis estructural: Infraestructura insuficiente, sobrecarga permanente y una realidad que impacta no sólo en los internos, sino también en la comunidad.
