Después de la aprobación de la Ley de Glaciares, el Gobierno nacional empezó a reordenar su agenda en el Congreso y a revisar cuáles serán los próximos movimientos legislativos. Aunque hay un conjunto de proyectos en carpeta, en el oficialismo reconocen que todavía no hay una hoja de ruta definida y que las decisiones quedarán atadas a una reunión de mesa política que se realizará en los próximos días.
Dentro de la Casa Rosada ya hay tres iniciativas que aparecen como prioritarias en este nuevo esquema: la Ley Hojarasca, el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) y el paquete vinculado a propiedad privada. La intención es avanzar con estos temas en paralelo tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, en un intento por ordenar el frente legislativo en el corto plazo.
Uno de los puntos que generó más debate interno en los últimos días fue el tratamiento del acuerdo de patentes. En Balcarce 50 convivieron dos posturas: por un lado, quienes proponían reflotar el proyecto que obtuvo media sanción en el Senado en 1998; por otro, quienes impulsaban enviar un nuevo texto actualizado.
Por ahora, la opción que gana terreno es introducir modificaciones en la Cámara baja para luego reenviar el texto al Senado y avanzar con su ratificación. El tiempo juega un rol clave; la fecha límite para tratar este acuerdo es el 30 de abril, según el documento difundido por la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR).
En paralelo, el Ejecutivo trabaja en otros proyectos, aunque sin darles prioridad inmediata. Entre ellos aparece una nueva Ley de Salud Mental, que ya está en preparación pero no figura entre las urgencias. También sigue bajo revisión la reforma del Código Penal, un expediente que aún no fue redefinido tras el cambio de gestión. En ambos casos, desde Nación evitan fijar plazos y admiten que todo dependerá del nivel de acuerdos que logren tejer con aliados.
El panorama se completa con otras definiciones políticas. En el oficialismo aseguran que están lejos de reabrir el debate por la Ley de Financiamiento Universitario y descartan, por ahora, el envío de una nueva Ley de Emergencia en Discapacidad. Esta última quedará en pausa hasta que se regularice la situación financiera del PAMI, que en los últimos días mostró señales de tensión por atrasos en los pagos a prestadores.
Mientras tanto, la Casa Rosada avanza con una reforma política y electoral que espera tener lista la semana próxima. Según fuentes oficiales, incluirá la eliminación de las PASO, la derogación del financiamiento público de los partidos, una mayor apertura al financiamiento privado y la implementación de circunscripciones uninominales, un esquema similar al que se utiliza en países como Estados Unidos y el Reino Unido.
En este contexto, el oficialismo proyecta convocar sesiones durante abril en ambas cámaras para avanzar con los temas de propiedad privada y patentes. El resto de las iniciativas, en cambio, sigue sin cronograma definido. En esa lista aparecen la Ley de Seguridad Nacional, reformas a los códigos Aduanero y Civil y Comercial, el acuerdo comercial con Estados Unidos por fuera del PCT y la adhesión al Consejo de la Paz, todos expedientes que por ahora quedan en segundo plano dentro del reordenamiento en marcha.
