Santiago Passaglia descubrió las virtudes de bajar impuestos cuando decidió confrontar con el Gobierno Nacional. De pronto, el intendente se presenta como defensor del contribuyente y promotor del alivio fiscal. El detalle incómodo es que gobierna San Nicolás desde hace años y todavía tiene una discusión pendiente con los vecinos: cuánto les cobra, con qué fundamentos y qué reciben a cambio. Porque para dar lecciones sobre impuestos primero hay que animarse a revisar la propia caja.
La propuesta “IVA 0. TASA 0”, presentada ante el Ministerio de Economía, plantea eliminar la Tasa de Seguridad e Higiene para pymes e industrias a cambio de que la Nación deje de cobrar IVA sobre obras y servicios municipales. Puede ser una iniciativa discutible, pero también funciona como una conveniente plataforma política. Passaglia reclama que otro Estado renuncie a ingresos mientras evita convertir la presión tributaria local en el centro de su discurso. Es fácil repartir alivio con la plata ajena; lo difícil es resignar recursos propios.
En nuestra ciudad, la discusión no se agota en Seguridad e Higiene. La Tasa de Desarrollo Urbano, calculada según el valor de la propiedad, también despierta interrogantes sobre sus fundamentos y su relación con los servicios que pretende financiar. Cuando el valor del inmueble se convierte en una variable determinante del cobro, el Municipio debe explicar por qué ese criterio resulta razonable y qué contraprestación reciben los contribuyentes. No alcanza con emitir facturas y exigir el pago: gobernar también implica justificar lo que se cobra.
El problema de fondo es la distancia entre la recaudación y la respuesta que recibe el nicoleño. Comerciantes, industriales y familias no viven de consignas ni pagan las tasas con publicaciones en redes sociales. Pagan con ingresos cada vez más comprometidos, en una economía que obliga a medir cada gasto. Para ellos, la presión fiscal no es una discusión teórica ni una herramienta de posicionamiento: es plata que sale del bolsillo todos los meses.
Y cuando se habla de recursos públicos, la transparencia resulta innegociable. Según cifras difundidas en el marco de los cuestionamientos a la rendición municipal, San Nicolás recibió durante 2025 más de 3.810 millones de pesos del Fondo Educativo, pero habría ejecutado alrededor de 342 millones. La diferencia exige explicaciones documentadas. ¿Dónde quedaron los recursos no ejecutados? ¿Qué destino tuvieron? ¿Qué resultados puede mostrar la gestión? Son preguntas legítimas que no se responden con videos ni con una pelea contra la Casa Rosada.
Después de más de 15 años de continuidad del clan Passaglia al frente de la ciudad, el oficialismo ya no puede refugiarse en la comodidad de señalar siempre a otro responsable. Tuvo tiempo para diseñar su modelo, administrar sus ingresos y demostrar sus resultados. Si pretende instalar que cobrar menos es una obligación del Estado, debe aceptar que ese principio también se aplique al Municipio que conduce.
La responsabilidad fiscal no consiste en convertir la reducción de impuestos en un eslogan rentable. Exige revisar gastos, justificar tasas, garantizar servicios y rendir cuentas. Si la recaudación crece, los vecinos tienen derecho a saber cómo se utiliza. Si los servicios no están a la altura, tienen derecho a reclamar. Y si una tasa carece de una justificación clara, el Municipio tiene la obligación de explicarla.
Passaglia pretende dar cátedra de responsabilidad fiscal mientras evita rendir el examen en su propio Municipio. Quiere que Milei baje los impuestos, pero no demuestra la misma urgencia cuando se trata de aliviar a los nicoleños. La hipocresía política queda al desnudo cuando se exige austeridad ajena y se defiende la propia caja como si fuera intocable.
Ya no le alcanza al passaglismo con fabricar enemigos ni montar escenas para las redes sociales. Si tan convencido está de que cobrar menos es gobernar mejor, que empiece por casa: revise las tasas, justifique cada peso y explique qué reciben los nicoleños a cambio. No necesitan otro video del intendente peleándose con el presidente sino que necesitan dejar de pagar por una gestión que todavía tiene demasiadas cuentas que explicar.
Menos actuación, menos voracidad recaudatoria y más rendición de cuentas. El bolsillo de los nicoleños no puede seguir siendo el combustible de una campaña política permanente.
