Una y otra vez a lo largo de este 2026, la empresa Vercelli Hnos. (EVHSA) se consolida como el foco de las críticas de los usuarios. Los reclamos abarcan diversas aristas: desde los aumentos sistemáticos en la tarifa plana que empujan los precios de todos los ramales, hasta el visible descuido de las unidades por falta de reinversión, pasando por recurrentes conflictos con los beneficios para personas con discapacidad.
Sin embargo, la ola de cuestionamientos no se detiene. Mientras el oficialismo local reúne fuerzas en el Concejo Deliberante para aprobar un nuevo incremento y otorgarle mayor potestad al privado sobre los precios, existe información clave para los vecinos que permanece oculta. Desde 2011, la prestataria opera como la única empresa a cargo del transporte público de pasajeros, bajo una ordenanza que sigue generando dudas y que mantendrá esa condición por al menos seis años más.
Más de dos décadas de monopolio
El Municipio estableció un plazo de concesión de 21 años, una extensión que desde el primer momento generó rispideces en los bloques opositores. Según consta en el digesto del Concejo Deliberante y en los registros de la propia firma, la adjudicación monopólica se concretó a fines de septiembre de 2011 a través del Expediente N° 14.382, derivado de las actuaciones complementarias de la licitación principal bajo la Ordenanza N° 7.980.
Si bien la duración del acuerdo llamó la atención desde el principio, el silencio en torno a las cláusulas de control es el factor más preocupante. El contrato estipula una escala de sanciones para EVHSA ante eventuales incumplimientos:
- Faltas leves: Deficiencias estéticas tanto en el interior como en el exterior de las unidades.
- Faltas moderadas: Alteración sistemática de las frecuencias, fallas en los sistemas de climatización o falta de mantenimiento menor.
- Faltas graves: Poner en riesgo la integridad de los pasajeros por circular a exceso de velocidad, superar la capacidad de carga permitida o negar el acceso a usuarios con pases por discapacidad vigentes.
A pesar de que los vecinos denuncian públicamente estas faltas graves de manera regular, los mecanismos de control no se activan. El marco legal faculta al Poder Ejecutivo municipal a aplicar multas e incluso a suspender la adjudicación para abrir una nueva licitación con más oferentes. Sin embargo, no existió ninguna comunicación al respecto por parte de la gestión de Santiago Passaglia ni de la bancada oficialista en el deliberativo, manteniendo un silencio mancomunado en torno al cumplimiento del contrato.
Un cambio de reglas para la tarifa
En paralelo a la falta de controles, la empresa insistió en financiar sus desequilibrios económicos mediante el esfuerzo de los usuarios, lo que fue aprobado por los concejales que responden al intendente municipal durante la sesión de ayer.
Semanas atrás, la firma había solicitado una tarifa plana de 2.659,93 pesos, pero el punto más crítico del expediente radicó en la modificación de la metodología de actualización: se buscó incorporar una indexación mensual automática basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Este cambio normativo es el que obligó a la intervención del Concejo Deliberante. Aunque una ordenanza previa faculta al jefe comunal a otorgar aumentos tarifarios de forma directa, el cuerpo legislativo trató el expediente porque modifica las reglas de juego vigentes, habilitando incrementos automáticos y periódicos.
La escena política nicoleña se encuentra dividida entre quienes atienden los reclamos de los vecinos y quienes, desde la comodidad de sus bancas, convalidan las directivas del Ejecutivo Municipal sin importar las necesidades de los vecinos.
La realidad objetiva muestra que, mientras el servicio expulsa cada vez a más usuarios, quienes dependen de él deben realizar esfuerzos económicos mayores para sostener un sistema que no refleja bajo ningún punto de vista el valor de lo que cobran.
Ahora costará 1.935 pesos
La bancada oficialista, junto a los votos de Maciel Deatriz y Lucas Lucero, decidió continuar con una tendencia que sostiene hace años, dando el visto bueno para un nuevo aumento del boleto de colectivo.
Los concejales que responden al intendente municipal fueron quienes aprobaron sin problemas el expediente Nº 18496, por lo cual se aplicará una suba del 7,8 por ciento a la tarifa plana lo que elevará el costo desde los 1.795,34 a 1.935 pesos. Esto representa el segundo aumento confirmado en lo que va de junio, dado que en los primeros días del mes corriente se había aplicado por el sistema actual un ajuste del 2,4 por ciento, pasando de 1.753,38 a 1.795,34 pesos.
EPIGRAFE: Los concejales que responden al intendente municipal decidieron aprobar un nuevo aumento del boleto, entre otras cuestiones que dejan sin reparo a los usuarios del transporte público.
