Hay algo profundamente fatigoso en escuchar al intendente municipal Santiago Passaglia hablar de la defensa de la industria, de las empresas y de los puestos de trabajo. No porque esté mal reclamarle al Gobierno Nacional y a la Provincia políticas que protejan la producción. Todo lo contrario. Lo desagradable aparece cuando ese discurso se enfrenta con la realidad de lo que sucede puertas adentro del Municipio que conduce.
En el Día de la Industria, conmemorada la semana pasada, Passaglia advirtió que “no podemos acostumbrarnos a ver empresas cerrando y argentinos perdiendo su trabajo”. Habló de fábricas, de máquinas que se apagan, de empleo y de la necesidad de que el Estado genere condiciones para que quienes invierten puedan producir y crecer.
Escuchar o leer ese discurso es casi impecable. Hasta que se identifica la voz de quien lo pronuncia o se descubre quien lo rubrica. Lo que se agrava al máximo cuando se mira la gestión municipal nicoleña.
Porque mientras el intendente se presenta públicamente como un defensor de quienes producen y generan empleo, su administración se mantiene en el centro de un conflicto con una empresa que terminó con una multa superior a los 70 millones de pesos y el cierre de siete depósitos. Y no fue la empresa la que terminó recibiendo el respaldo judicial. Fue la Justicia la que terminó poniendo límites a la actuación municipal.
Primero, el juez Sebastián Luis Zubiri, del Juzgado Correccional N° 2, consideró que la clausura preventiva de MoviPort carecía de fundamento, era arbitraria y claramente desproporcionada, al señalar que había paralizado completamente la actividad sin que se acreditara un riesgo concreto que justificara semejante medida.
Después llegó un segundo pronunciamiento, todavía más contundente. La jueza Luciana Beatriz Díaz Bancalari, del Juzgado Correccional N° 3, declaró la nulidad absoluta de la sentencia municipal que había impuesto una multa de 70.005.474 pesos y el cierre definitivo de siete depósitos, y terminó absolviendo a la empresa.
La resolución cuestionó aspectos centrales del procedimiento: falta de fundamentación suficiente, ausencia de una descripción precisa de los hechos, afectación del derecho de defensa, pruebas que no habrían sido debidamente consideradas y una condena dictada mientras todavía permanecían pendientes medidas de prueba ordenadas por la propia autoridad municipal.
Hay un dato que debería hacer mucho ruido si en nuestra ciudad se encendiera el espíritu del periodismo serio, comprometido y responsable. La Justicia no se limitó a discutir una cuestión administrativa menor. Terminó dejando sin efecto una sanción millonaria y una clausura que afectaba directamente la actividad de una empresa.
Entonces aparece la contradicción.
Passaglia dice que hay que evitar que las empresas cierren. Pero ¿qué ocurre cuando el cierre viene desde el propio Estado municipal?
Porque defender la industria no significa solamente señalar a Javier Milei o a Axel Kicillof y explicarles que sus políticas pueden poner en riesgo el empleo. También significa mirar hacia adentro. Significa entender que una empresa no solamente necesita mercados, crédito, infraestructura y estabilidad macroeconómica. Necesita algo todavía más básico: reglas claras y un Estado que no convierta su poder de fiscalización en una herramienta de presión. O sea, que use el látigo para otra cosa.
Un Municipio tiene facultades para controlar. Tiene que hacerlo. Puede sancionar cuando corresponde. Puede clausurar cuando existe una causa legítima y suficientemente acreditada. Nadie está por encima de la ley.
Pero tampoco el Estado está por encima de la ley. Y mucho menos puede confundirse autoridad con arbitrariedad.
El caso MoviPort genera, además, una interpelación que el discurso industrial de Passaglia no puede esquivar: ¿quién se hace cargo cuando una decisión municipal que puede paralizar una empresa termina siendo anulada por la Justicia?
Porque si una compañía debe recurrir a los tribunales para conseguir que se revise una clausura y finalmente obtiene una absolución, el problema ya no es solamente de la empresa. Es institucional.
Y si eventualmente existiera un reclamo por los daños provocados por esas decisiones y la Justicia determinará que corresponde una reparación, habrá que discutir quién paga. Porque los errores del poder no deberían convertirse automáticamente en una factura para los contribuyentes.
También hay otra cuestión, todavía más incómoda: ¿quién controla a quienes controlan?
Passaglia tiene todo el derecho de cuestionar al Gobierno Nacional. Tiene derecho a exigirle respuestas a la Provincia. Tiene derecho a defender a la industria y a reclamar políticas que preserven el empleo.
Lo que no puede pretender es que ese discurso funcione como una cortina de humo para que nadie mire qué hace su propia administración con los empresarios de San Nicolás.
Porque hay una diferencia enorme entre defender a los empresarios cuando se habla desde un escenario y defenderlos cuando el poder municipal está frente a ellos.
La primera es una declaración política. Pero la segunda exige conducta. Y ahí está el verdadero problema del doble discurso: resulta muy sencillo decir que no hay que acostumbrarse a ver empresas cerrando cuando el cierre lo provoca la crisis económica de otros gobiernos. Lo verdaderamente difícil es asumir que cada decisión de un Municipio también puede poner en riesgo inversiones, actividad económica y puestos de trabajo.
La industria no necesita funcionarios que se saquen una foto hablando de producción. Necesita que el Estado no la asfixie. Necesita controles, sí. Pero controles razonables. Sanciones cuando corresponden. Fundadas. Y autoridad. Pero una autoridad sometida a la ley.
Porque si el mensaje hacia afuera es “no podemos acostumbrarnos a ver empresas cerrando”, pero hacia adentro una empresa debe acudir a la Justicia para frenar clausuras que los tribunales terminan cuestionando y anular, entonces algo no cierra. Y no es una fábrica. Es el discurso.
Las máquinas no se defienden con discursos. Las empresas tampoco. Y el trabajo, mucho menos.
Se defienden con seguridad jurídica, reglas claras y un Estado Municipal que entienda que gobernar no es demostrar cuánto poder se tiene, sino saber cuánto poder se puede ejercer sin atropellar a nadie.
Porque Passaglia puede hablar como defensor de los empresarios. Pero son sus actos de gobierno -y ahora también las decisiones de la Justicia- los que terminan diciendo de qué lado está realmente su gestión. Una administración autoritaria y perseguidora que no deja de alimentar un estilo destructivo en el que el poder se concentra en el trío de siempre, utilizando el control absoluto, la intimidación y la vigilancia constante para anular cualquier tipo de oposición o pensamiento crítico.
