La intimación llegó en papel, con tono formal y cifras contundentes. Pero detrás del aviso de “Restricción del servicio” emitido el 24 de abril de 2026 por Aguas de San Nicolás, hay una historia que expone un costado más crudo: la de un jubilado de 66 años, en silla de ruedas, que asegura no poder afrontar una deuda de $1.236.863,23.
El documento señala que el inmueble ubicado en Manuel Pombo al 500 mantiene una deuda por la Tasa de Aguas, Cloacas y Tratamiento de Efluentes Cloacales. En consecuencia, el ente informó que “se ha procedido a dar cumplimiento a la restricción de dicho servicio”, en línea con las ordenanzas fiscal y tarifaria 2025.
La notificación es clara: para recuperar el normal suministro de agua, deberá cancelar la totalidad de lo adeudado. “Sólo a través de la cancelación total de las sumas adeudadas se podrá revertir la medida”, advierte el texto, que ofrece como alternativa un plan de pago en tres cuotas fijas. También deja abierta la posibilidad de iniciar acciones administrativas y/o judiciales.
Pero del otro lado de ese papel hay una realidad que no entra en ningún formulario. Roberto Rigler, el vecino afectado, arrastra desde hace más de dos años y medio las consecuencias de un accidente doméstico que le provocó movilidad reducida. Tiene un hijo de 29 años con discapacidad mental y subsiste con una jubilación apenas superior a la mínima.
En ese contexto, la deuda no es solo una cifra: es una barrera difícil de superar. Rigler sostiene que no puede afrontarla, que el monto es inalcanzable y que ni siquiera cuenta con recursos suficientes para cubrir gastos básicos. La posibilidad de pagar en tres cuotas, lejos de ser una solución, aparece como otra exigencia fuera de su alcance.
Según describe, la deuda se acumuló en los últimos años, en paralelo al deterioro de su salud y su situación económica. También cuestiona que no hubo instancias previas de acompañamiento o advertencias graduales antes de llegar a una medida tan extrema como la restricción del servicio.
El documento, además, suma una advertencia que tensiona aún más el escenario: recuerda que la conexión clandestina al servicio constituye un delito penal de “daño agravado a los bienes de uso público”, con penas de “tres meses a cuatro años de prisión”. Un mensaje que, en un contexto de necesidad, funciona más como advertencia que como prevención.
El caso vuelve a poner sobre la mesa una discusión de fondo: hasta qué punto los mecanismos de cobro y recuperación de deuda contemplan las realidades sociales más vulnerables en San Nicolás. Cuando el acceso al agua, un servicio esencial, queda supeditado a cifras difíciles de afrontar, la línea entre la gestión administrativa y el impacto social se vuelve cada vez más delgada.
Mientras tanto, en una vivienda de Barrio Savio, el agua dejó de ser solo un recurso: se convirtió en una preocupación diaria atravesada por la incertidumbre y la sensación de quedar al margen de un sistema que ofrece escaso margen para quienes menos tienen.
